Rato se trajo una tonelada de compras de Washington
pero se saltó la aduana con privilegios políticos
DiputadosEconomíaGobiernoPartitocracia— 21 octubre 2014
La periodista Alicia González (El País)
y Rodrigo Rato pasaron sus mejores días de vino y rosas en Washington
Rodrigo Rato se trajo desde Washington a finales de 2007 y por
avión un contenedor de 1 tonelada con todos sus enseres, muebles, obras de arte
y compras que
había realizado durante tres años como director gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI) pero fue imposible revisarlo, según denuncian a “Espía
en el Congreso” en
fuentes de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y del Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Aún más: esta prerrogativa según
la cual los políticos no podían ser inspeccionados fiscalmente porque atentaba “a su intimidad” fue ampliada por el Gobierno
socialista de Zapatero, que contravino incluso una directiva
europea que señalaba como la corrupción tenía su foco precisamente en los
políticos y altos cargos públicos, según denuncia hoy el cuerpo de inspectores
de Hacienda.
El “casoplón” de Rodrigo Rato en
Washington: un lujoso nido de amor
Rodrigo Rato había llenado primero y desmantelado
después su casa cercana a la Avenida de Connecticut,
entre las calles Q y R, tres pisos y sótano de 370 metros cuadrados en el barrio
de Dupont Circle, uno de los más lujosos de Washington, con
cinco dormitorios y cinco cuartos de baño. El contenedor pesaba más de un tonelada,
según el expediente aduanero, y se trajo por avión a través del
aeropuerto de Barajas, pero no pudo
ser inspeccionado. Rodrigo Rato podía haber pagado tranquilamente sus impuestos
arancelarios porque le sobraba el dinero después de formalizar su divorcio
con Angeles Alarcó, con la que tenía tres hijos (Gela, Ana y
Rodrigo) y disfrutar de días de vino y rosas en la capital americana con su
nueva pareja, su joven jefa de prensa Alicia González –22 años menor que él–, hoy redactora
jefe de Economía de “El País”.
De hecho, su comunicado de
despedida del FMI aludía a “mis circunstancias
familiares y responsabilidades, particularmente en lo que respecta a la
educación de mis hijos, son las razones por las que dejo antes de lo esperado
mis responsabilidades en el Fondo”. Tenía una pensión
vitalicia de casi 58.400 euros anuales y algo más: “al vender su vivienda,
Rato saca una plusvalía de 350.000 dólares (242.000 euros al cambio actual, si
bien la depreciación del dólar reduce la ganancia en euros), pese a la crisis
inmobiliaria de EE UU. El ex ministro, que en junio anunció que dimitía “por
razones personales”, compró su casa en julio de 2004 por 1,9
millones de dólares (1,53
millones de euros con el cambio de entonces). En julio de este año la vendió
por 2,25 millones de dólares
(1,63 millones de euros con el cambio de entonces). Esto significa que en tres
años la vivienda se ha apreciado un 18%”, señalaba un informe de la agencia
Efe.
Rodrigo Rato, en su época “hippy” en
Berkeley
El “blindaje” fiscal de Rodrigo
Rato, del que se ha sabido ahora que incluso trabajaba en secreto para el banco
turco Akbankvulnerando la ley de cajas, ya que desempeñaba su
labor en Caja Madrid, no fue
aprobado solo por el PP sino que fue
el PSOE de Zapatero quien lo materializó. Para ello, en la
propia Ley de Prevención del blanqueo de
capitales de 2010, cuando la Unión Europea alertaba de que estaba detectando que
el principal foco europeo de corrupción y fraude eran los cargos políticos, la
ministra de Economía Elena Salgado, que
había sido alto cargo en todos los Gobiernos de Felipe
González, cambió la normativa y zafó de la misma a sus
principales protagonistas: “se ha optado por la locución «personas con
responsabilidad pública» para aludir a lo que la Directiva denomina «personas del medio político»,
por entender que aquélla es más exacta y expresiva en castellano”, señala el BOE,
que para mayor rimbombancia y engaño hacía firmar la norma al propio rey Juan
Carlos y al presidente Zapatero.
Rodrigo Rato, en su época “dandy” en
Washington
Los inspectores de
Hacienda no se tragaron la triquiñuela: “En relación con la
corrupción y el blanqueo de capitales, hay que decir que recientemente se ha
modificado la Ley de prevención del blanqueo de capitales del año 2010 que,
incomprensiblemente y en contra de las recomendaciones de los organismos
internacionales y de la propia UE, dejó fuera de vigilancia a los políticos
nacionales y sus familiares y allegados, medida que sí ha
estado aplicándose para los políticos extranjeros. Ahora se ha modificado dicha
Ley para someter a vigilancia a los altos cargos de la Administración,
parlamentarios, magistrados del Supremo y
Constitucional, embajadores, alto
personal militar de las Fuerzas Armadas, parlamentarios nacionales y
autonómicos, yalcaldes y concejales de municipios de más de 50.000
habitantes. La rectificación llega un poco tarde, pero bienvenida sea”, señalan
los inspectores fiscales de IHE.
Aznar y Zapatero se decían paisanos por
su origen castellano y se hacían favores
Y añaden que fueron Aznar (que es inspector de Hacienda de
profesión, como su amigo Miguel Blesa) y Zapatero los que decidieron blindar a los
corruptos: “Los Inspectores de Hacienda propusimos en el año 2007 [Gobierno de
Aznar] hacer un plan de inspección de políticos, alcaldes
y concejales de urbanismo, en pleno boom inmobiliario y con
casos diarios de corrupción urbanística, pero no se nos hizo caso. En el año
2008 [Gobierno de Zapatero] había más de mil casos de corrupción
contabilizados, que solamente han decaído por el estallido de la burbuja
inmobiliaria, pero no por las actuaciones encaminadas a combatirlos”.
Francisco Vázquez y Ransés Pérez Boga
(IHE)
“Los Inspectores de Hacienda llevamos
proponiendo medidas para luchar contra la corrupción desde el año 2005,
medidas que han sido ignoradas. Esas propuestas cobran ahora más fuerza que
nunca, especialmente las que se refieren al establecimiento de un Plan
de Comprobación de representantes políticos de todas las Administraciones y de los
partidos políticos. Por ello, se debe incluir en el Plan
de Control Tributario de
la AEAT a las personas con responsabilidades
públicas, en concordancia con lo previsto en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de
capitales, que obliga a adoptar medidas reforzadas de vigilancia sobre dichas
personas y su entorno”.
Carlos Cruzado (Gestha)
El técnico de Hacienda, Carlos
Cruzado (Gestha), también confirma todo esto a la periodista Carmen
Llorente: “Son
los entes políticos y empresariales los que tienen que dar ejemplo y, desde luego, en nuestro país, en
los últimos años, vemos que no es así. Esa complacencia de los entes políticos
con los compañeros que defraudan. Hemos visto casos como el de Castellón, donde
el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, cuando fue condenado por
delito fiscal, dio una rueda de prensa y presumió de que sólo
había sido condenado por defraudar a Hacienda. Se
minusvalora el delito fiscal”.
Los informes de TI son sistematicamente
desatendidos por la élite política española
Los inspectores fiscales de IHE aseguran que el informe sobre el año
2013 de Transparencia Internacional en lo relativo a España “confirma lo
dicho por otras encuestas, pues muestra niveles de percepción de corrupción más
altos que la media en el funcionamiento de los partidos políticos y del poder
legislativo en cuanto elaboradores de normas generales. Es de destacar que los
indicadores de la actividad de la policía y la administración son positivos con
relación a la media, lo que evidencia que los problemas de corrupción están
centrados en estamentos políticos”.
Rodrigo Rato y Miguel Blesa
“La corrupción política se
puede definir, en un sentido amplio, como el mal uso del poder público para
conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta
y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta
razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado,
y las llamadas medidas de transparencia suponen uno de los
pilares básicos de la lucha contra la corrupción. Los organismos
internacionales han obligado a modificar la legislación española sobre
prevención de blanqueo de capitales, y ahora se establece que hay que vigilar a
los políticos españoles y a sus allegados. Hagámoslo de verdad, y que
lo reflejado en la norma no se quede en una mera declaración de intenciones”
señala IHE.
Filesa, GAL, Pallerols, alcaldes… los
políticos son indultados, casi nunca cumplen la pena
“El segundo problema se
presenta cuando, una vez descubiertos, las condenas que se producen no suponen
el ingreso en prisión,
salvo algún caso excepcional. Incluso en el caso de una condena es posible que
llegue después el indulto del Gobierno,
o si hay también delito fiscal, el caso se solucione con el pago de lo que se
defraudó más unapequeña
multa, pero sin ingreso en prisión. Cosas como estas se
solucionan con medidas legales, como el agravamiento de las penas, el cambio
del régimen de aforamiento, la imposibilidad de que un imputado siga
desempeñando cargos públicos, laspenas
agravadas para los testaferros, y otras posibles”.
Fabra (en la imagen): los inspectores
denuncian su mal ejemplo y sus malas compañías. Está a la espera de indulto.
“El tercer, y último problema,
es que el dinero procedente de la actividad delictiva suele estar siempre a buen
recaudo en los paraísos fiscales, a
la espera de que tarde o temprano llegue unaamnistía fiscal. Incluso puede suceder
que el dinero se sienta tan seguro en esos territorios que se desprecie
acogerse a una amnistía, como ha ocurrido con la
última aprobada en el año 2012. A pesar de lo que manifiestan
algunos, existen medidas contra la utilización de los paraísos fiscales” añaden
los inspectores de IHE.
Los órganos reguladores están copados
en España por los partidos y el Tribunal de Cuentas es uno de los más
corruptos: le pasa sus informes a los fiscalizados.
Y señalan al mayor cómplice
político de la corrupción de sus “colegas” de escaño: “La
incapacidad fiscalizadora delTribunal
de Cuentas en la
lucha contra la corrupción queda manifiestamente clara en el tema de la posible financiación
ilegal de los partidos políticos, teniendo en cuenta que sus
informes se hacen con varios años de retraso. En este Tribunal hay más empleados
designados por los partidos políticos que funcionarios de carrera,
lo que ha provocado que el Tribunal Supremo haya estimado el recurso
interpuesto por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y
Auditores del Tribunal de Cuentas en el que se impugnaba el nombramiento
de varios funcionarios interinos, al entender que se habían excedido los
límites establecidos en la normativa”.
todo esto tiene solución con la emplantación de la
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